A dos semanas de que Donald Trump inicie su mandato, el día de hoy, la Corte Federal de Distrito en Washington, D.C. escuchó argumentos orales en la demanda introducida por Level the Playing Field (LPF), la cual cuestiona el estatus de organización sin fines de lucro de la Comisión de Debates Presidenciales.

El equipo legal de Level the Playing Field, incluyendo la abogada principal Alexandra Shapiro (extrema izquierda), Cara McCormick, Directora Ejecutiva de LPF (centro), Peter Acherman, CEO de LPF (centro), y el abogado Chetan Patil (extrema derecha).

Alexandra Shapiro, abogada principal de LPF aportó extensiva evidencia, análisis, y antecedentes históricos para respaldar el reclamo de los demandantes contra la Comisión de Debates Presidenciales, argumentando que esta utiliza criterios injustos para mantener a las voces competitivas fuera de los debates presidenciales, los cuales se limitan a la participación de los dos principales partidos políticos.

En particular, LPF se opone a la regla del 15%, la cual requiere que los candidato fuera de los partidos demócrata y republicano deban promediar 15% en 5 encuestas a nivel nacional, las cuales son elegidas por la misma Comisión, para poder formar parte de los debates.

“Los dos partidos políticos han manipulado el sistema electoral… los miembros de la Comisión son donantes de candidatos y campañas políticas… y el 15% es un umbral imposible,” dijo Shapiro.

La juez se mostró abierta al caso de los demandantes. Sin embargo, no se la puso fácil ni a los demandantes ni a la FEC (el demandado). FEC sugirió que la Comisión Federal es el experto en este tema y que los demandantes, la juez y los ciudadanos de este país deberían de simplemente aceptar eso, un argumento que fue reprendido por la Juez Chutnik.

Chutnik, destacando en la indiferencia de la FEC, preguntó cómo ella podría determinar si el acusado había considerado la evidencia de que el criterio actual no es arbitrario o caprichoso, si ni siquiera mencionan la evidencia.

Mientras no está claro hacia qué lado del caso se inclina la juez, los demandantes se retiraron de la Corte con un espíritu optimista.

La Comisión de Debates Presidenciales (CPD) se vio bajo fuego por parte de los simpatizantes de terceros partidos durante el ciclo electoral de 2016, luego de excluir a los candidatos de terceros partidos de los debates. Los principales contendientes para el podio fueron Gary Johnson, candidato del Partido Libertario, y Jill Stein, candidata del Partido Verde.

Ninguno de los dos candidatos logró alcanzar los riguroso criterios establecidos por la CPD. Además del umbral del 15% en las encuestas, los candidatos deben mantener su acceso a cierto número de boletas electorales estatales que matemáticamente les permita la posibilidad de tener una mayoría electoral.

En relación a eso, Gary Johnson llegó a tener hasta 12% en algunas encuestas previo al primer debate presidencial. Y viendo las abrumadoras imprecisiones que los encuestadores tuvieron en estas elecciones, combinado con que algunas encuestas mostraron que hasta 78% de los estadounidenses querían una tercera voz en los debates, la CPD simplemente relegó a los candidatos de terceros partidos como opciones “inadmisibles.”

De hecho, algunos de los encuestadores más importantes, incluyendo Quinnipiac, USA Today, y CNN, continuamente excluyeron a los terceros candidatos. Y cuando los candidatos de terceros partidos fueron incluidos en las encuestas, la mayoría de las veces eran mencionados tan solo después de una serie de preguntas que se enfocaron solamente en los dos principales candidatos.

LPF presentó la demanda en contra de la Comisión Federal Electoral (FEC) en junio de 2015 en la Corte Federal de Distrito. Poco después, se unieron el Partido Verde y el Partido Libertario a la demanda de LPF. El escrito amicus a favor de los demandantes fue presentado por Independent Voter Project y FairVote, dos organizaciones que han estado involucradas en varias reformas electorales exitosas.

La demanda de LPF acusa a la CPD y algunos de sus directores de violar la ley federal electoral, incluyendo una regulación de la Comisión Federal Electoral (FEC) que requiere que organizaciones como la CPD sean “no-partidistas” y utilizen “criterios objetivos” para determinar quién puede participar en los debates. De hecho, la CPD es un socio de facto de los Partidos Demócrata y Republicano, y los encuestadores regulares de la CPD son las mismas firmas que ganan grandes sumas de dinero al hacer encuestas para los Partidos Demócrata y Republicano.

Algunos dicen que ser bipartidista es lo opuesto a ser no-partidista. Y debido a que las leyes fiscales sólo permiten que organizaciones como la CPD disfruten de un status libre de impuestos solo si son no-partidistas, de alguna manera LPF está buscando recuperar el dinero de los ciudadanos. Al mismo tiempo quieren asegurar que exista una tercera voz en los debates presidenciales durante la próxima elección.

La demanda realizada por LPF pone mucha atención en los criterios para debatir, los cuales fueron establecidos en 1992, luego de que Ross Perot fuera aceptado en los debates presidenciales y eso lo convirtiera en un serio contendiente. Los demandantes argumentan que las reglas de hoy están diseñadas intencionalmente para hacer imposible la entrada de un tercer candidato a los debates.

Un juez federal rechazó una similar demanda introducida por el Gob. Gary Johnson, la Dra. Jill Stein, sus partidos políticos, y varias organizaciones afiliadas a ellos en agosto de 2016, en la que argumentaban que la CPD viola la libre competencia. La decisión de la Corte de Distrito de D.C. de escuchar los argumentos orales en la demanda presentada por LPF es sin duda una victoria sustancial para los reformadores electorales - sin importar cual sea el resultado.